A propósito del Plan Anticrisis presentado por el Gobierno Peruano, la cual ha sido resaltada de manera positiva por el empresariado peruano, en una entrevista efectuada por el Diario El Comercio al Sr. Eduardo Farah, publicado el día domingo 14 de diciembre del 2008, el entrevistado expresaba su temor a la "lentitud estatal" para iniciar las medidas a adoptarse en el mencionado Plan. Para muchas personas, este tema le resulta familiar pues en algún momento han acudido a alguna entidad del Estado para solicitar algún servicio o realizar un trámite.
Las críticas sobre el estado burocrático son más que conocidas y criticadas. Por ejemplo tenemos las compras estatales, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las citas para consultas médicas cuyo cupo no se obtiene sino hasta en dos o tres meses, etc. Para mi siempre ha sido una inquietud el por qué el Estado no puede dar atención con la rapidez del caso, o por qué tienen que ser tan frondosos los trámites en la Administración Pública. Mi experiencia profesional me ha llevado a conocer y a vivir la operatividad al interior del apárato público, y he palpado que para dar atención a un procedimiento (solicitud, expediente, etc) el "viaje" que realizan los documentos es de nunca acabar. Para ser más gráfico les diré que desde que ingresa la solicitud o expediente pasa por diversas áreas (mesa de partes, derivación a la Dirección responsable, derivación al sub director especialista en la materia, derivación al técnico o profesional que se encargará de revisar y redactar el documento borrador. Luego viene la revisión del borrador, correcciones que deban realizarse, elevación al Director responsable, correcciones si lo hubiere -con lo que el documento regresa y se envía corregido-, aprobación del Director responsable, y finalmente, derivación a la mesa de partes para que pueda ser entregada al solicitante administrado). En todo ese periplo, y dado que no se trata solamente de un solo documento sino de varios documentos, el viaje entre una instancia y otra toma su tiempo, en lo que comúnmente se denomina como el trámite documentario.
Las soluciones al trámite documentario ya son existentes en cada entidad del Estado. Para ello la tecnología de la información ayuda en ello, pero más allá de que ayude a reducir los tiempos, los ha aumentado, pues el personal responsable debe dedicar tiempo en el digitado de la información en el "Sistema de Trámite Documentario", además de efectuar el reparto de los expedientes o solicitudes. Otra solución que se ha mostrado es el de dar proridad a las solicitudes de información bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información, por el cual el administrado tendrá la información en los plazos máximos establecidos por dicha norma.
En los procedimientos en que se solicita la declaración de derechos (otorgamiento de pensiones, derechos de explotación, etc.) la demora se debe al examen de los documentos y al estudio de la situación concreta para determinar si se cumple con los requisitos legales establecidos para obtener un derecho. A ello se suma que no es un solo expediente el que se analiza, sino son varios y en cantidades mayores, conformando la conocida y denominada "carga laboral". Algo similar ocurre en la tramitación de los procesos judiciales.
En cuanto a la emisión de normas, el periplo se produce bajo un trámite formal, en donde se pueda acreditar la fecha de envío y de recepción, sea a través de las Secretarias Generales, las Oficinas de Asesoría Jurídica, los Gabinetes de Asesores, los Despachos Viceministeriales, los Despachos Ministeriales, la salida del proyecto hacia Presidencia del Consejo de Ministros, etc., hasta lograr su publicación.
Toda esta secuencia de la operatividad interna en una entidad pública se produce en medio de un contexto de temor, pues además de cumplirse con los plazos legales establecidos, el servidor público no estará tranquilo sino no se reunen los requisitos establecidos o sino tiene la seguridad de que en efecto se esté dando cumplimiento estricto a las normas legales para el otorgamiento o concesión de un derecho. Y digo temor, pues cada uno de ellos se está "jugando su pellejo" por la responsabilidad administrativa que existe de por medio y que en cualquier momento será auditada por los órganos de control.
Finalmente, en cuanto al análisis y fondo de cada solicitud o expediente, el criterio legal es el textual o literal. La mayoría de los servidores públicos no actúa ni propone soluciones alternativas "si la norma legal no lo menciona", aun cuando sea posible interpretar que tales soluciones tampoco se encuentran impedidas de aplicarse . Esto ocurre porque los órganos de control insisten en dicho criterio legal, incluso en aquellos casos que sin infringir las normas legales, se dió respuesta al administrado, pero que por no cumplir con lo mencionado en la norma (muchas veces como requisitos no esenciales), se instaura un proceso administrativo para la determinación de la responsabilidad administrativa.
Lo descrito hasta aquí tiene varias connotaciones. Alguno de los lectores podría decir que estoy defendiendo la lentitud del aparato estatal. Otros diran que no conocían dicha realidad, y un tercer o cuarto grupo mencionará la falta de criterios para gestionar el aparato estatal, para analizar el fondo de lo solicitado, etc. Lo cierto es que existe esta realidad, compleja y frondosa, que está presente desde hace varios años, y aun cuando se hayan implementado algunas soluciones para dar mas celeridad al Estado, no parecen ser suficientes. El resultado es que tenemos a un Estado con personas acostumbradas a este tipo de "inercia dinámica", que hacen lo posible, al menos para no incurrir en responsabilidad funcional, y en dónde aquel que ingresa al aparato público con ganas de mejorar la gestión se encuentra con esta cruda realidad.
En la próxima publicación analizaremos un poco más esta realidad.
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